Inicio aclarando que este escrito refleja únicamente mi opinión personal y en ningún momento es ni deberá ser interpretado como responsabilidad de la Fundacion Jóvenes en Pro de la Seguridad Ciudadana, de la Cruzada por la Paz, ni de la Cámara de Comercio.
Luego de asesorarme e ilustrarme con diversos conocedores de la materia, me siento responsable planteando mi posición en contra de la modificación del artículo 127 de la Ley 18 de 1997, incluida en el proyecto de ley recientemente aprobado en la asamblea.
Cabe destacar que soy y siempre seré un fiel creyente de que el respaldo ciudadano hacia los estamentos de seguridad del estado es clave en la lucha contra la delincuencia. Es imperativo el elevar el nivel de vida de las unidades, capacitarlos y profesionalizarlos, así como equiparlos con todo lo necesario para facilitar y hacer efectivos todos los esfuerzos que día a día realizan estos héroes de la patria, quienes arriesgan su vida para defender la nuestra. A la vez entiendo y comparto la preocupación de nuestras unidades que en muchas ocasiones sienten temor de actuar con firmeza ante la criminalidad por no contar con la certeza de que el cumplimiento del deber no los convertirá injustamente de héroes en acusados.
Lamentablemente la redacción del artículo 23 de esta ley abre una ventana para que manzanas podridas de los estamentos de seguridad, que hayan incurrido en situaciones de abuso de su autoridad, exceso de la fuerza o hasta falta de honestidad, queden en libertad para influenciar las investigaciones, intimidar a sus víctimas o volver a delinquir. No es necesario destacar lo delicado que esto podría ser para nuestro país.
Respetados gobernantes, en estos momentos en que la sociedad civil y el gobierno han unido esfuerzos para luchar por la seguridad de todos los panameños. Los invito a llevar este tema a la plenaria de trabajo que semanalmente se encuentra elaborando aportes responsables, eficientes y consensuados a la lucha contra la inseguridad. Estoy convencido que en muy poco tiempo se podría elaborar una propuesta responsable que garantice tanto la efectividad de la justicia, como el respaldo necesario a nuestros representantes de la autoridad.
Del mismo modo invito a nuestros gobernantes y a los respetados líderes ambientalistas, con los cuales comparto la preocupación por la eliminación de los Estudios de Impacto Ambiental de los proyectos sociales gubernamentales, a ejecutar un ejercicio similar en el cual se elabore una contrapropuesta consensuada que aporte estrategias ecológicamente responsables al desarrollo efectivo de estos proyectos.
Termino haciendo un llamado a la unidad, la cordura y la razón, recordándole a todas las partes que “el fin no siempre justifica los medios”.
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